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Fecha publicación: viernes, junio 02, 2017
Publicada por Neza Panorama Informativo

DIPUTADOS DE TAMAULIPAS APRUEBAN LEYES QUE VIOLAN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: CNDH

Por ello, esa dependencia promovió una acción de inconstitucionalidad para derogar la prisión preventiva oficiosa que se busca aplicar hasta por robo

Por Martín Flores

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, promovió el pasado 22 de mayo, ante los Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una DEMANDA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra del Congreso de Tamaulipas y el gobernador panista del mismo estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca: por haber emitido y promulgado el Artículo 22 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, publicado mediante los decretos con número LXIII-149 y LXIII-160, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el día 21 de abril de 2017, que a la letra dice: 
Decreto LXIII-149:
“ARTICULO 22.- Se calificarán como delitos graves, para todos los
efectos legales por afectar de manera importante valores
fundamentales de la sociedad y que ameritan prisión preventiva
oficiosa los siguientes:
I.- …
II.- Tortura previsto y sancionado por el artículo 213.
III.- Peculado, previsto en el artículo 218, cuando el monto de lo
distraído o de los fondos utilizados indebidamente excedan de mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
IV.- Robo, previsto en los casos de las fracciones VI, VII, VIII, IX, X
y XI del artículo 400 y sancionados por el artículo 403 Bis y el
previsto y sancionado por el artículo 405; y
 V.- Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 426.”
Decreto LXIII-160:
“ARTICULO 22.- Se calificarán…
I.- Atentados a la seguridad de la comunidad cuando sean de los
comprendidos en las fracciones I, VIII y IX del artículo 171 Quáter,
II.- a la V.- …” 
El ombusdman nacional expone en su acción de inconstitucionalidad que con la promulgación de dicha norma en Tamaulipas, se violan los siguientes preceptos  constitucionales e internacionales:
-Artículos 1 y 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-Artículos 1, 7.2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
-Artículos 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Asimismo, el funcionario federal agrega que esa norma tamaulipeca también viola los siguientes derechos fundamentales: 
-Derecho a la libertad personal.
-Derecho a la libertad de tránsito.
-Derecho al debido proceso legal.
-Derecho de seguridad jurídica.
-Principio de excepcionalidad de la prisión preventiva. 
Para justificar su acción, el ombusdman recuerda que derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se implementó el sistema de justicia penal acusatorio en México; así, se estableció en el artículo 19 de la Constitución Federal que, la prisión preventiva oficiosa solo procede en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, delitos a los que, mediante reforma de fecha 14 de julio de 2011 se adicionó el delito de trata de personas; estableciéndose de esta manera un catálogo restrictivo y excepcional de los supuestos en los que procede la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. 
En contraste, reprocha el funcionario, el día 21 de abril de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas los decretos con número LXIII-149 y LXIII-160, por los que se reformaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, de las cuales destacan las reformas al artículo 22, que establece un catálogo de delitos por los cuales se impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa.
Puntualiza que los decretos de reforma establecen en el artículo 22 del código penal de Tamaulipas, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa distintos a los permitidos por el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Federal.
En virtud de lo anterior, subraya, algunos de los supuestos previstos en el artículo 22 del código Penal de Tamaulipas, contradicen la regla taxativa establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“En consecuencia, trasgrede los derechos humanos a la libertad personal, libertad de tránsito, al debido proceso, a los derechos del procesado, así como al principio de seguridad jurídica, consagrados todos en los artículos 1 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 7.2 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por las razones que se expondrán en el correspondiente concepto de invalidez”, puntualiza el titular de la CNDH.
Especifica González Pérez que el artículo 22 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, establece una regla de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, distinta a la prevista en el artículo 19 de la Constitución Federal, lo cual, se traduce en una violación a los derechos humanos.
Recuerda que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las reglas para la procedencia de la prisión preventiva y de la prisión preventiva oficiosa. En el segundo párrafo señala, los delitos en los que el juez podrá ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa. Dichos delitos son los siguientes:
1. Delincuencia organizada,
2. Homicidio doloso,
3. Violación,
4. Secuestro,
5. Trata de personas,
6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,
7. Delitos graves que determine la ley contra los bienes jurídicos de:
a) la seguridad de la nación;
b) el libre desarrollo de la personalidad; y
c) de la salud.
Fuera de estos supuestos listados específicamente, comenta el funcionario, no existe la posibilidad constitucionalmente válida de que un juez pueda determinar la prisión preventiva oficiosa, en atención al principio “numerus clausus”. 
Por lo antes expuesto y fundado, el ombusdman nacional pide a los Ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo siguiente:
PRIMERO. Tener por presentada la acción de inconstitucionalidad que promuevo como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
SEGUNDO. Admitir a trámite la presente demanda de acción de inconstitucionalidad en sus términos.
TERCERO. Tener por designados como delegados y autorizados, a los profesionistas indicados al inicio de este escrito, así como por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos.
CUARTO. Admitir los anexos ofrecidos en el capítulo correspondiente.
QUINTO. En el momento procesal oportuno, declarar fundados los conceptos de invalidez y la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las disposiciones legales impugnadas.

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