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Fecha publicación: miércoles, julio 27, 2016
Publicada por Neza Panorama Informativo

LAS CONCESIONES MINERAS PROVOCAN DESPOJOS CON VIOLENCIA, REPRESIÓN Y CRIMEN CONTRA FORMAS DE DEFENSA DEL TERRITORIO

Las mineras anualmente consumen el agua que utilizan los ciudadanos totales de cuatro estados

Por Martín Flores
Ciudad de México.- Dentro de las actividades por el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemoró el 22 julio, las organizaciones Colectivo de Abogados y defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México presentaron el manual “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México” como una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país.
Esta publicación pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería, ya que muchos pueblos enfrentan el embate de una gran cantidad de concesiones otorgadas por el Estado para megaproyectos mineros, así como por la actividad minera ya existente, en la que hasta 2014 el 68% del capital invertido era de origen canadiense.
“A fines de 2014 se registraron un total de 25, 267 concesiones mineras, que, según datos del Servicio Geológico Mexicano amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7% del territorio nacional, lo que ha ocasionado más de 300 conflictos mineros en el país según la Red de Afectados por la Minería (REMA) y en un año, según Cartocrítica, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”, señaló Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes.
La activista agregó que el gobierno ha concesionado proyectos mineros que se traslapan con territorios comunales y ejidales, atentando con las formas de organización y derechos sociales de las comunidades indígenas y campesinas.
Esto, dijo, suscita una problemática compleja, la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera: contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas.
Por ello, destacó Marisa, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora.
“Se ha publicitado y conocido muchas veces en el país la enorme cantidad de concesiones para la explotación minera otorgadas por muchos años, lo que contrasta con otros países de América Latina. También sabemos que todo está relacionado con este modelo de desarrollo neoliberal y extractivo”, señaló don Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Comentó que por poner un comparativo, en 2016 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), reportó la existencia de 177 ANP en el país, que abarcan un total de 25 millones 628 mil 239 hectáreas, que representan 12.1 por ciento del territorio nacional.
El manual para la “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México, aborda las relaciones y tensiones que provoca la minería y plantea que es a partir de la sobreexplotación, deterioro y afectación de los recursos naturales, que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos, pero también propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades, a fin de fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.
La publicación contiene información sobre qué son los DESCA, cómo estos son vulnerados por el Estado y la industria minera, así como la importancia en la defensa del territorio de las comunidades afectadas; el contexto actual de la minería en México; qué son las concesiones mineras; trámites; las afectaciones ambientales y a la salud de las comunidades y trabajadores, causadas por la minería y sus tóxicos; instrumentos jurídicos y no jurídicos que pueden servir en la defensa del territorio y ambiente frente a la minería.
Los principales DESCA que se violan a consecuencia de los megaproyectos mineros son: los laborales y ambientales; los relacionados con la salud, vivienda, agua y saneamiento; tierra, territorio y recursos naturales; consulta y consentimiento libre, previo e informado; la propiedad; libertad de expresión e información; participación y acceso a la justicia. En el caso de los pueblos indígenas o equiparables, además, se violan el respeto a su cultura, su identidad y en general a su autodeterminación y desarrollo.
“No se trata solamente de un manual, incluso informe, muy detallado y completo de las luchas integrales que llevan a cabo las personas, colectivos y movimientos sociales y populares en la defensa de sus territorios frente a los megaproyectos de inversión de compañías nacionales e internacionales; tampoco es solamente una demostración simple de cómo estas personas y colectivos defienden sus tierras y territorios frente a esa invasión de proyectos de inversión, es un instrumento que muestra con todo detalle cómo las personas y los colectivos pueden efectivamente defender los bienes naturales y territorios de esas invasiones. Mostrando cómo se puede llevar a la práctica el uso del crítico y creativo del derecho desde las propias luchas de las personas y movimiento; además de un manual, es un instrumento de aprendizaje para poder consolidar esas luchas”, señaló don Miguel Concha Malo.
María Colin, asesora legal de Greenpeace , consideró importante aclarar que no están en contra del desarrollo pero éste no debe ser a costa de violaciones a los derechos humanos de las personas. “No es válido implantar un modelo basado en el extractivismo, que pretende imponerse a cualquier costo sobre otras formas y modelos de vida que se piensan arcaicos y que, por tanto, se condenan a la desaparición. Ese modelo lleva sólo al choque de visiones y detona conflictos y un clima de mayor violencia”.
Lo que si subrayó la activista, es que las organizaciones participantes en la elaboración del manual se oponen terminantemente a la criminalización y persecución de la lucha por la defensa de la vida, los derechos, la salud y el territorio.

Editor

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