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Fecha publicación: viernes, julio 01, 2016
Publicada por Neza Panorama Informativo

CUANDO MENOS 20 MIL POTOSINOS ESTARÁN EN RIESGO POR EMPRESARIO MINERO QUE CONSTRUYE UN BASURERO TÓXICO


A pesar del rechazo social al proyecto, el empresario tiene el apoyo de académicos y funcionarios emanados del PVEM


Por Martín Flores

San Luis Potosí, SLP.- Ejidatarios y habitantes del altiplano potosino denunciaron que sus tierras y aguas se encuentran en peligro por la instalación del confinamiento de Residuos Tóxicos de Palula, en el ejido La Victoria, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, y por megaproyectos de minería.
Los habitantes acusaron que ni las empresas ni el gobierno les han consultado sobre la instalación de los proyectos, además de que han falsificado documentos para conseguir los permisos de funcionamiento. El pueblo wirrárika, que vería afectadas las tierras y plantas que utilizan en sus ceremonias sagradas, señaló que se unió al rechazo de los pobladores.
Integrantes del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, el Comité en Defensa del Agua del Desierto de Catorce y la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala advirtieron de los riesgos de contaminación y a la salud de los pobladores por la posible filtración o dispersión de sustancias tóxicas, y señalaron que aunque los empresarios señalan que no hay vida en los alrededores que se pueda ver afectada, esto es falso.
El empresario que pretende instalar el basurero es José Cerrillo Chowell, y el tiradero -que además de las propias sustancias que reciba, utilizará otros tóxicos para tratarlas- se ubicaría en una zona que es ganadera y de agricultura.
Los posibles afectados señalan que la población amenazada es de cerca de 20 mil personas de los municipios de Cedral, Charcas, Catorce, Guadalcázar y Santo Domingo.
Las organizaciones exigieron “que cesen las simulaciones, las campañas de división, los chantajes, los grupos de choque, las difamaciones y la compra de conciencias. No estaremos con los brazos cruzados mientras acaban con nuestro futuro, mientras continúe la amenaza sobre nuestro territorio y sobre nuestras vidas”.
Los denunciantes indicaron que los empresarios han ofrecido dinero, casas y viajes, porque el altiplano les gusta para eólicas, minería, invernaderos y tiraderos”, pero advirtieron que defenderán sus tierras “hasta sus últimas consecuencias”.
Al respecto, cabe señalar que Cerrillo es dueño de la mina Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas y Mármoles La Paz, socio de Sterling de Occidente, accionista de una casa de cambio y de Genética y Sistemas de Ingeniería Solar, entre otros negocios, así como ex dirigente de la Cámara Minera de México y socio de la Horse Racing Nation de Estados Unidos.
Esta región ha sido envenenada por la Negociación Minera Santa María de la Paz, propiedad de Cerrillo y columna vertebral de su fortuna. La explotación que por décadas realizó de hierro, plomo y zinc, y actualmente de cobre con oro en las minas del Cerro del Fraile y Cobriza, ha provocado uno de los entornos con mayor dispersión de plomo y arsénico, entre otras sustancias que afectan a los pobladores a varios kilómetros a la redonda del complejo minero.
En vez de invertir parte de su fortuna en mitigación y remediación ambiental en favor de la gente, Cerrillo se construye una imagen de filántropo patrocinando escuelas deportivas, festivales culturales e incluso a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), acciones que le permiten profundizar sus relaciones clientelares.
Su último fichaje ha sido David Atisha, ilustre miembro de la UASLP y ex director de su Facultad de Ingeniería, quien el pasado 10 de noviembre se presentó con la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula (CITSU) declarando estar listos para la construcción del confinamiento, sin importarles el decidido rechazo que han manifestado los pobladores de al menos siete municipios que se verán afectados, y que inconstitucionalmente nunca fueron consultados sobre el asunto.
Atisha no parece ser el único fichaje que Cerrillo ha realizado para intentar imponer el confinamiento tóxico a los pobladores del desierto. El pasado 27 de octubre la nueva titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno priísta de Juan Manuel Carreras en San Luis Potosí, Yvette Salazar (Partido Verde), se deslindó del problema del confinamiento en Palula, argumentando que es competencia federal por tratarse de residuos peligrosos.
Salazar ocultó que a su esposo y antecesor en el cargo, el ahora diputado local Manuel Barrera Guillén (Partido Verde), le fue solicitada por Semarnat su opinión, respondiendo el 12 de febrero de 2015 que se observa al parecer (sic) que el proyecto cumple con las normas federales correspondientes, soslayando las violaciones a la ley por parte de CITSU al haber traficado un supuesto cambio de uso de suelo del anterior presidente municipal de Santo Domingo sin una manifestación de impacto ambiental.
Otro indicador para conocer a Cerrillo Chowell es su autopromoción como defensor de especies animales amenazadas: en 2013 impulsó y patrocinó la creación, en Palula, de una Unidad de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre, con el objetivo de reintroducir en 9 mil hectáreas del Altiplano potosino berrendos y venados cola blanca; sin embargo, el objetivo final de Cerrillo es consolidar una empresa competitiva, ética y muy lucrativa, destinada a gestionar un coto de cacería deportiva al servicio de los más elitistas clubes cinegéticos del país.
Queda claro que para Cerrillo lo importante no es la preservación de la vida sino los negocios. Así lo demostró entre 2003 y 2007, cuando presidió la Cámara Minera de México; desde ahí impulsó a la megaminería trasnacional de tajo a cielo abierto para metales preciosos, misma que ha arrasado regiones enteras.
En 2005 y 2006, por ejemplo, Cerrillo escribió sobre la necesidad de defender el estado de derecho, mientras manifestaba su apoyo a la instalación de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, sin importarle la anulación judicial de dicho proyecto.


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