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Fecha publicación: viernes, mayo 20, 2016
Publicada por Neza Panorama Informativo

ACTIVISTAS PRESENTAN PRUEBAS CIENTÍFICAS DE PROFESIONALES DE EEUU, QUE MUESTRAN EL DAÑO QUE PROVOCA EL FRACKING

Reprochan que a pesar de ello, la reforma energética buscará impulsar esa dañina práctica en la nación

Por Martín Flores

México, D.F.- Julián Ramírez de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) dio a conocer la existencia de una compilación elaborada por profesionales de la salud de Estados Unidos, que pone de manifiesto que los daños causados por la fractura hidráulica no pueden ser evitados con regulación.
Explicó que con base en esa evidencia sobre el impacto social, económico y ambiental, el estado de Nueva York prohibió la fractura hidráulica en diciembre de 2014
Reprochó que pese a la existencia de estos datos, el Estado mexicano sigue apostando de manera irresponsable a la explotación de los hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica
“En diciembre de 2014, el estado de Nueva York declaró prohibida la fractura hidráulica para extracción de gas y petróleo no convencional en su territorio. Sus principales argumentos fueron las investigaciones médicas y científicas publicadas en un compendio elaborado por el grupo de Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability de Nueva York. Este documento tiene el potencial para ser una herramienta en las luchas contra la fractura hidráulica en América Latina”, expresó Annette von Schoenfeld, representante de la Fundación Heinrich Böll.
Sandra Steingrabe, coautora del compendio, explicó que el mismo reúne más de 500 publicaciones académicas, artículos de investigación periodística y reportes del gobierno norteamericano sobre los impactos del fracking.
Agrega que los principales riesgos y daños identificados son “los impactos en la salud pública con afectaciones, entre otros, como disrupciones endócrinas, malformaciones, problemas respiratorios y cáncer dada la contaminación del aire, el uso excesivo y alarmante contaminación del agua, las emisiones radioactivas; además sismos inducidos por la disposición de las aguas de retorno, impactos de la infraestructura asociada, así como los riesgos en la seguridad y el aceleramiento del cambio climático”.
“Basados en la experiencia de Estados Unidos, donde la fractura hidráulica se ha utilizado más de una década, todos estos estudios evidencian que las regulaciones no pueden evitar ni mitigar los daños causados por esta técnica. La única vía para que los daños no se produzcan es prohibir el fracking, como se hizo el estado de Nueva York”, señaló Colleen Boland, fundadora del grupo We Are Seneca Lake y Friends Against Fracking de Nueva York.
Julián Ramírez manifestó que el compendio es una herramienta clave para la lucha contra la fractura hidráulica en México, puesto que el gobierno está impulsando de manera irresponsable esta técnica para extraer hidrocarburos no convencionales”.
Según la Alianza, conformada por más de 40 organizaciones de 10 estados de la República, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya ha fracturado hidráulicamente numerosos pozos en el país, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tabasco, con la consecuente violación a los derechos fundamentales de las poblaciones.
“Esta actividad ya ha dejado daños en las comunidades de Papantla en Veracruz, con afectaciones a la salud de las personas, así como sus fuentes de agua y actividades productivas y poniendo en peligro culturas y modos de vida milenarios. Ni las comunidades indígenas o campesinas, ni la población en su conjunto fueron informadas sobre el uso de esta técnica y mucho menos consultadas ni incorporadas en las decisiones, lo que pone en grave riesgo sus vidas y supervivencia”, denunció Alejandra Jiménez de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), parte de la Alianza.
La activista expresó que los daños ocasionados por la fractura hidráulica no se limitan a los pozos, sino que se extienden a la infraestructura para llevarla a cabo esta, como es el caso de los gasoductos que se construyen en el norte del país.
Destacó que numerosas organizaciones y comunidades de Chihuahua se oponen a estos proyectos, por sus impactos negativos sobre los territorios, el medio ambiente, la salud y supervivencia de las poblaciones indígenas y campesinas. Por ello, dijo, exigen a las y los candidatos a la gubernatura que se posicionen en relación con la fractura hidráulica. También, dijo, existe oposición en Sonora y en el sur de Texas donde, igual que con los pozos, los gasoductos están siendo impuestos sin garantizar los derechos de acceso a la información, consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Reprochó que situación similar se vive con el acueducto Monterrey VI, proyectado para llevar agua del río Pánuco a Nuevo León, afectando a los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas por el despojo de su río a las comunidades.
“Este proyecto ha generado un fuerte rechazo social tanto por sus afectaciones ambientales, que implicarían la violación de tres tratados internacionales y dañarían profundamente la biodiversidad, como por la posible entrega y acaparamiento del agua para la industria de la fractura hidráulica. Esta técnica requiere de grandes volúmenes que quedan contaminados e inutilizados por la alta toxicidad de los productos químicos que se le añaden”, puntualizó la activista.
Los citados destacaron que la intensificación de la explotación de los hidrocarburos no convencionales por fractura hidráulica está en la mira de la Secretaría de Energía (Sener) en el marco de la Reforma Energética, como se muestra en su “Plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019”.
Señalaron que en él se contempla la entrega para este fin, durante los próximos cinco años, de áreas a empresas privadas y públicas como parte de las Rondas 1, 2, 3 y 4, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.
A esto, dijeron, se suman las áreas ya entregadas a Pemex en la Ronda 0 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Puebla, dentro de las cuales la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA) autorizaron en febrero tres pozos exploratorios: Dos, Maxochitl 1 y Kaneni 1, en Veracruz y el tercero, Semillal 1, en Tamaulipas. Estos permisos se entregaron sin ningún proceso previo de información ni consulta a las comunidades afectadas, ni a la sociedad en su conjunto.
Finalmente, los activistas afirmaron que el compendio y las evidencias que en él se presentan sobre las nocivas consecuencias que la explotación de gas y petróleo no convencional tienen sobre la salud y bienes fundamentales para la vida como el agua y el aire, brindan elementos suficientes para que el gobierno prohíba la fractura hidráulica en el país, para caminar en línea con los compromisos de México en materia de derechos humanos, sustentabilidad y cambio climático. “No hacerlo y continuar con los planes actuales supone una flagrante violación a sus obligaciones y pone en riesgo el desarrollo económico, la vida y el agua de miles de personas en México”.

Editor

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