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Fecha publicación: sábado, febrero 20, 2016
Publicada por Neza Panorama Informativo

TAMAULIPAS REGRESA AL OJO DEL HURACÁN, POR UNA PETICIÓN DE JUSTICIA DE ONG’s CENTROAMERICANAS

La SCJN está por resolver un amparo relativo a las fosas clandestinas halladas en San Fernando en 2011

Por Martín Flores 


México, D.F.- El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso Honduras y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, informan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en breve un amparo promovido por dos familiares de migrantes y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, relativo a las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en las cuales se encontraron 193 cuerpos en 2011.

Las organizaciones señalan que durante varios años se documentaron desapariciones, secuestros y homicidios en San Fernando, Tamaulipas. Aseguran que “de acuerdo a información desclasificada, se sabe que policías municipales de esa localidad estuvieron implicados en la desaparición forzada de migrantes. Las fosas clandestinas aparecieron meses después de que fueron encontrados 72 migrantes masacrados en el mismo municipio”.

Comentan que una de estas víctimas es Carlos Alberto quien salió de San Salvador el 17 de marzo de 2011, rumbo a los Estados Unidos. Señalan que el último contacto que tuvo con sus familiares fue el 26 del mismo mes cuando les dijo que se encontraba en Monterrey, ya mas cerca de EUA.

La familia denunció el caso ante la Cancillería de El Salvador quien, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, y demás integrantes del Banco de Información Forense de El Salvador, tomaron muestras de ADN que luego fueron entregadas a México.

En diciembre de 2012, la Sra. Bertila Parada, madre de Carlos Alberto, recibió un llamado por parte de la Fiscalía General de la República de El Salvador, diciendo que habían sido identificados los restos de su hijo entre los localizados en las fosas clandestinas de San Fernando. La Sra. Bertila pidió los documentos que acreditaran la identificación y no volvió a tener noticias.

En febrero de 2013, recibió un llamado de la Cancillería salvadoreña para pedirle que, a petición de México, acudiera a firmar la autorización para que los restos de su hijo fueran cremados y repatriados a El Salvador desde México. Ella manifestó su rechazo pero, a partir de ese momento, comenzó un tortuoso camino en el acceso a la justicia.

Las organizaciones denuncian que la Procuraduría General de la República mexicana negó tener información del caso y le negó todos sus derechos como víctima a Bertila: tener representantes legales, ejercer la coadyuvancia, tener copias del expediente, nombrar peritos independientes para que pudieran verificar la identificación. “Ninguna autoridad decía tener información sobre los restos, y negaban que hubieran dado la orden de cremación”. Para mí fue como si mi hijo volviera a desaparecer, después de muerto” señaló la señora Bertila.

Luego de todos estos hechos, expresan, la SCJN decidirá sobre el amparo promovido por la Señora Bertila. El proyecto de manera positiva la reconoce parcialmente como víctima a coadyuvar en la investigación y determina que como tal tiene derecho a tener copias íntegras del expediente. Hace un vínculo positivo entre el derecho a la verdad y el acceso a la información; habla del derecho a la verdad como un derecho de los familiares de víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, el derecho a que se conduzca una investigación y se esclarezcan los hechos.

Sin embargo, destacan las organizaciones, el proyecto provoca preocupaciones serias ya que deja desprotegidos varios derechos de los peticionarios del amparo: no se reconoce a la víctima directa ni a sus familiares como víctimas de desaparición y no reconoce el trato cruel que recibieron por parte de las autoridades en el camino para lograr la identificación de los restos; no se toma en cuenta la vulnerabilidad adicional de las víctimas por ser migrantes, no busca dar a conocer la verdad sobre el intento de cremación de los cuerpos y la dificultad de una víctima migrante para probar actos donde la información la tiene exclusivamente el estado.

Tampoco, agregan, evidencia las fallas de los servicios periciales en el proceso de identificación y restitución de los cuerpos, no clasifica los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y no establece parámetros para que casos similares puedan ser investigados bajo estándares internacionalmente reconocidos, como el protocolo de Minnesota.

Además, abundan las organizaciones, rechaza el interés legítimo de la Fundación para la Justicia para comparecer en el presente caso de manera independiente a la víctima.

“Las y los ministros integrantes de la Primera Sala de la SCJN tienen la oportunidad de complementar el proyecto presentado por el Ministro Pardo Rebolledo. Es una oportunidad para que desde el poder judicial se reconozca la extrema vulnerabilidad que enfrenta la población migrante en su tránsito por México; de reconocer, como lo ha dicho la Relatoría de Migrantes de la Comisión Interamericana durante su visita a México, que esta población, enfrenta una crisis humanitaria que debe ser investigada con seriedad y cuyas víctimas deben ser protegidas bajo los estándares más amplios”, puntualizan.

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